Acuerdo para demoler El Algarrobico
Protestar sirve de algo. A veces. Hay que tener una razón de peso, hacerlo de forma pacífica. Y, muy importante, tiene que salir en los medios de comunicación. Si no, no sirve de nada. De ahí las grandes pancartas y las originales acciones de muchos grupos ecologistas. Hay que hacerse notar. Y ser constante. Repetirlo una y otra vez porque la mayoría de los políticos tienen la cabeza muy dura.

Esta vez ha habido suerte. Después de varias protestas y de ocupar las instalaciones montando una oficina, Greenpeace, apoyado por buena parte del movimiento ecologista, así como ciudadanos preocupados por el respeto al litoral, ha conseguido que las autoridades competentes comiencen a diseñar un plan de demolición del hotel El Algarrobico, esa aberración urbanística ilegal situada en el Parque Natural del Cabo de Gata-Níjar.

El plan lo llevarán a cabo la Junta de Andalucía y el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino de España, las instituciones responsables. El Gobierno central parece que se hará cargo de la demolición, mientras que el autonómico de retirar los escombros y restaurar la naturaleza. Sin embargo, aún quedan por resolver algunos flecos del proceso legal.

Pilar Marcos, responsable de la Campaña de Costas de Greenpeace, no esconde su satisfacción al enterarse del acuerdo. Su organización llevaba mucho tiempo pidiendo un compromiso por escrito a ambas administraciones. Marcos mantuvo una reunión con la secretaria de Estado para el Cambio Climático y la Biodiversidad, Teresa Ribera, y el director general de Costas, Pedro Antonio Ríos, en la que le comunicaron el compromiso del Gobierno para cofinanciar el derribo, desescombro y restauración de la playa en colaboración con la Junta de Andalucía.

El hotel tiene 21 plantas, que derribará el Gobierno central. La Junta retirará las toneladas de escombros. Sin embargo, hay que esperar algunas decisiones de los jueces. La primera resolución debería producirse el 21 de este mismo mes de septiembre, cuando el Tribunal Supremo decida sobre la ordenación del Parque Natural. El Ayuntamiento y la promotora del edificio habían recurrido la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en el que se dictó que la zona no era urbanizable. Y aún hay otra sentencia en lista de espera.

Según los grupos ecologistas, cuando se produzca la sentencia, y como las dos administraciones han llegado a un acuerdo, la demolición no debería demorarse.