Argentina demora la ley de residuos electrónicos
Greenpeace ha denunciado el poco o nulo interés de los senadores nacionales de Argentina por discutir, avanzar y promulgar el proyecto de ley de gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Este proyecto de ley lleva ya más de tres años de debate en el Senado de la Nación de Argentina sin ningún tipo de avance. El proyecto de Ley fue presentado por primera vez en 2008, perdió estado parlamentario por la dilación en su tratamiento y por eso tuvo que ser presentado nuevamente en 2010. La iniciativa legislativa responsabiliza legal y financieramente a las empresas de aparatos eléctricos y electrónicos por la gestión de los residuos de sus productos.

Y ha vuelto a ocurrir una vez más. Después de una reunión conjunta de comisiones para obtener dictamen del proyecto de ley, los senadores no obtuvieron quórum y objetaron la firma del dictamen al plantear una lista de observaciones que, en su mayoría, ya habían sido incorporadas en el proyecto previamente. De este modo, la reunión fue pospuesta para inicios del mes de mayo. ¿A qué se debe este retardo artificial y planeado?

Hace más de tres años que senadores, empresas, organismos del gobierno, ONG, recicladores y técnicos trabajan en el proyecto de ley que ya debería haber obtenido dictamen. Sin embargo, en la reunión de la Comisión de Ambiente, con una clara intención de demorar el proyecto, se presentaron nuevos cambios y objeciones que ya habían sido aclaradas o incorporadas con anterioridad, según ha explicado Yanina Rullo, de la Campaña de Residuos Electrónicos de Greenpeace Argentina. Las empresas ya han logrado con estos métodos tres años de demora. Está claro que hay intereses ocultos (o no tan ocultos) para que Argentina no legisle en esta materia.

El proyecto de Ley de Basura Electrónica fue presentado en la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Senado en el año 2008 por el senador Daniel Filmus, que tuvo que volver a presentarla en abril de 2010 por perder estado parlamentario. La ley plantea la Responsabilidad Extendida del Productor, principio a través del cual las empresas importadoras, productoras o ensambladoras de productos eléctricos y electrónicos se hacen cargo legal y financieramente de la gestión y tratamiento de este tipo de residuos. También establece un marco legal para la creación de una infraestructura nacional de transporte, acopio, recuperación y reciclado de este tipo de residuos a través de la creación de un ente mixto público no estatal responsable del sistema.

Mientras los senadores demoran el avance de este proyecto de ley, los fabricantes de productos eléctricos y electrónicos siguen sin asumir su responsabilidad como lo hacen en los países donde tienen sus casas matrices. De esta manera, los senadores están permitiendo a estas empresas trabajar de forma diferente en sus países de origen y en Argentina. Además, las empresas transfieren los costes de la gestión de su basura a los municipios, es decir, a los ciudadanos.

Sólo se recupera un 10%

Los residuos eléctricos y electrónicos son la fracción de residuos domiciliarios que más sustancias tóxicas aportan a los vertederos donde son enterrados. En Argentina, se estima que cada habitante genera, al menos, tres kilogramos de basura electrónica por año. Durante este año se espera un descarte mayor al millón de computadoras y unos diez millones de teléfonos celulares. En la actualidad, el 40% de estos residuos terminan en vertederos y el 50% sigue siendo almacenado en depósitos o en hogares. Sólo el 10% llega a ser recuperado o reciclado. (Eso cuando no acaban en países del tercer mundo.) En este contexto y por estas razones, la sanción de una ley que resuelva esta problemática es de carácter urgente.

Ya es hora de que los senadores argentinos se percaten de la urgente necesidad de obligar a las empresas a asumir sus responsabilidades en el tratamiento de residuos electrónicos. Los vertederos no tienen un espacio infinito.