Boliden sigue sin pagar por el desastre de Aznalcóllar
En 1998 se produjo un vertido de residuos tóxicos al Parque Natural de Doñana. Se conoce como el desastre de Aznalcóllar. Una balsa de residuos de metales pesados muy contaminantes, procedentes de una mina perteneciente a la empresa sueca Boliden-Apirsa, situada en la citada localidad de Aznalcóllar, se rompió y liberó todas esas sustancias al río Agrio, desde el que llegó rápidamente al río Guadiamar, que fluye hacia el Parque Natural de Doñana.

La indemnización por el desastre ecológico que debía abonar la empresa responsable, Boliden, aún no se ha pagado. Se calculó en más de 90 millones de euros lo que debe pagar Boliden a la Junta de Andalucía, que es el dinero que se gastó en los costes para hacer frente a la limpieza y a la restauración de la cuenca del Guadiamar derivados del vertido. Se cumplen ahora trece años de los sucesos.

La Junta de Andalucía adquirió el total de las tierras que habían sufrido el vertido y creó un Corredor Verde, acciones que han supuesto más dinero del reclamado a la empresa responsable del desastre ecológico. También el Gobierno de España debe percibir algo de dinero.

Varias consejerías andaluzas trabajaron para reparar el desastre, pues no se trató sólo de un asunto medioambiental. Las Consejerías de Agricultura y Pesca, de Medio Ambiente y la de Salud gastaron parte de su presupuesto, dinero que, en definitiva, es de los andaluces, para restaurar lo que dañó la negligencia de los responsables de una empresa privada.

La empresa Boliden está condenada a pagar el desastre. Pero ya están pasando demasiados años. Está en manos de la Justicia la resolución final de este conflicto. Seis millones de metros cúbicos de aguas ácidas y lodos contaminados en las cuencas de los ríos Agrio y Guadiamar, un vertido por el que nadie ha pagado.

Aunque tampoco hay que olvidar que muchos grupos ecologistas advirtieron del peligro que suponía mantener una mina a cielo abierto en las cercanías del Parque Natural de Doñana. Advertencias que nunca fueron escuchadas por los responsables de la Junta de Andalucía ni del Gobierno español.