Activistas de Greenpeace, eludiendo el dispositivo de seguridad, han accedido a una plataforma petrolífera de la compañía británica Cairn Energy en Groenlandia con el objetivo de paralizar las labores de perforación. Cuatro han sido los voluntarios que se han descolgado de la plataforma y permanecen suspendidos a 15 metros sobre el mar. Cuentan con alimento y bebida suficientes para permanecer suspendidos durante varios días. Si logran detener las labores de perforación durante un corto periodo de tiempo, la empresa petrolera tendría serias dificultades para completar la prospección antes de que comiencen las duras condiciones invernales que obligan a parar las operaciones hasta el próximo año. Y quizá entonces ya exista una prohibición mundial para estas operaciones en aguas profundas.

En la zona se encuentra, así mismo, el barco de Greenpeace Esperanza, vigilado por un buque de guerra danés y una flotilla de barcos de la policía con equipos de operaciones especiales a bordo. A pesar de ello, no han podido impedir que los activistas accedieran al perímetro de 500 metros alrededor de la plataforma, lo que exige la paralización de las actividades según el protocolo de seguridad. La empresa puede estar planeando desplazar las labores de prospección unos cien kilómetros, pues aún no ha encontrado petróleo en este punto, por lo que la acción de denuncia de Greenpeace podría lograr que este traslado se retrasara o se cancele definitivamente.

Uno de los activistas participantes ha declarado que “es necesario mantener a las empresas energéticas fuera del Ártico y acabar con la adicción al petróleo, por eso vamos a frenar la actividad de esta plataforma de perforación durante el tiempo que podamos. El desastre de BP en el golfo de México ha demostrado que hay que buscar alternativas al petróleo. Esta plataforma es la que puede desatar la fiebre del petróleo en el Ártico, lo que supone una gran amenaza para el clima y pone este frágil entorno en riesgo”.

La zona, al oeste de la isla Disko, se conoce como el “callejón de los icebergs”, debido a la abundancia de estos grandes bloques de hielo. Si Cairn, la empresa con sede en Edimburgo, encuentra petróleo, se puede producir una nueva “fiebre del petróleo” en el Ártico. Gigantes como Exxon y Chevron ya han comprado licencias de perforación en la zona y realizan los preparativos necesarios para operar.

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) y la organización ecologista Greenpeace han presentado evidencias que denuncian que el algodón transgénico no supone mayores beneficios para los productores, sino todo lo contrario. De hecho, el algodón modificado genéticamente (MG) resulta finalmente más costoso para los agricultores porque las semillas son más caras que las variedades convencionales, y, como éstas, también necesita de productos fitosanitarios (necesidad que, además, se incrementa con el tiempo debido a que la resistencia de las plagas se hace mayor en las sucesivas campañas) y porque los rendimientos de estas variedades no muestran diferencias significativas respecto a las convencionales.

Así se pone de manifiesto en varios informes, dos de ellos realizados por las universidades de Georgia y Arkansas, en Estados Unidos, y otro más realizado por Greenpeace. El análisis comparativo de la economía de los agricultores que siembran algodón transgénico y ecológico en el sur de la India demuestra, por ejemplo, que el cultivo de algodón ecológico puede generar ingresos un 200% superiores a los del transgénico. Además, la utilización de algodón transgénico Insecticida Bt incrementa los costes para el agricultor, ya que necesita numerosos productos químicos. Y, a pesar de ello, no se logra el control total de las plagas. “Las personas que cultivan algodón transgénico se enfrentan a grandes deudas y tienen elevados costes del cultivo, lo que les hace más vulnerables a las crisis financieras”, afrima Juan-Felipe Carrasco, responsable de la Campaña de Transgénicos de Greenpeace España.

El trabajo revela, además, que la deuda acumulada de los agricultores de algodón transgénico es un 65% mayor en las campañas 2008-09 y 2009-10 que la de aquellos que optaron por algodón ecológico. La situación ha llegado a un punto que ha obligado al Gobierno indio a tomar medidas que suponen un gasto de 3.600 millones de euros para apoyar a los agricultores con problemas. Algo que “resulta contradictorio porque el Gobierno indio permite y promueve el cultivo de algodón Bt, lo que implica que los agricultores sigan endeudados”, opina Carrasco.

Por su parte, los estudios norteamericanos ponen de relieve que las variedades transgénicas no traen consigo una mayor rentabilidad, sino que ésta depende de otras variables, como el manejo del cultivo. Además, las semillas son, a largo plazo, más caras, ya que en un principio se ofrecen a bajo precio, pero después se encarecen cuando se ha creado una relación de dependencia.

Por otra parte, un informe conjunto de Assocham (la Asociación de Cámaras de Comercio y la Industria de India), de Indicus Analytics (firma de investigación económica) y de IMRB (compañía de estudios de mercado), titulado El cultivo de algodón Bt en India y publicado en 2009, concluye que los agricultores que plantaron en 2006 algodón MG obtuvieron un beneficio adicional de más de 7.000 rupias, gracias al incremento de hectáreas cultivadas con variedades transgénicas en la época de siembra. Fuentes oficiales han advertido que, a pesar de que la semilla Bt cuesta 2,5 veces más que la convencional, los agricultores son capaces de generar un ingreso adicional de ahorro en la reducción de pesticidas y una producción más alta. “La reducción total del costo de pesticida es de 934 rupias por acre”, afirmaba una fuente oficial.

La empresa española Hansa Urbana está amenazando el único arrecife de Baja California Sur, situado en Cabo Pulmo, en el Mar de Cortés (México), Parque Nacional protegido por su diversidad biológica. Se pretende construir el megacomplejo turístico de Cabo Cortés, previsto en el municipio de Los Cabos. El proyecto ocupará, de llevarse a cabo, una extensión de casi cuatro hectáreas, además de construirse un puerto con 490 amarres, dos campos de golf y unas instalaciones con capacidad para 30.000 habitaciones y 5.000 viviendas para los trabajadores, es decir, que se convertiría en un nuevo Cancún. El enclave linda con Cabo Pulmo, un Parque Marino Nacional que, en 2008, fue incluido en la lista del Convenio RAMSAR para la protección de humedales de importancia internacional. Ese mismo año, la empresa Hansa Urbana obtuvo la autorización por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) de México para iniciar la construcción de Cabo Cortés.

Sin embargo, dos años después de interponer varios recursos legales, organizaciones como el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) y Defensa Ambiental del Noroeste (DAN) lograron que la Semarnat cambiara su postura y reconociera que la autorización no debió otorgarse y que tiene que ser modificada la Manifestación de Impacto Ambiental del proyecto.

Exequiel Ezcurra, director del Instituto para México y Estados Unidos de la Universidad de California ha señalado que, a pesar del anuncio de la Semarnat, la opinión de muchos colegas científicos y conservacionistas es que el proyecto de Cabo Cortés no se debe realizar, porque los argumentos para su construcción han sido equivocados y en muchos casos se omitieron datos técnicos que, de no contemplarse, ponen en serio riesgo la vida del arrecife de Cabo Pulmo y la salud ecológica de toda la región.

Existe, además, una opinión técnica de la Dirección General de Política Ambiental e Integración Regional y Sectorial de la Semarnat, que ha señalado la inviabilidad legal del proyecto dado que contraviene tanto el Plan de Ordenamiento Ecológico de Los Cabos como programas sectoriales y legislación. Para denunciar el riesgo que corre Cabo Pulmo, Greenpeace ha presentado el informe “Cabo Cortés, destruyendo el paraíso”, en el que se detallan los antecedentes de Hansa, antecedentes como investigaciones por irregularidades en otros proyectos ubicados en España.

En España, Hansa Urbana tiene el proyecto Novo Carthago, que se prevé construir en Cartagena (Murcia) y que acumula una serie de investigaciones por irregularidades en su proceso de aprobación, especialmente en lo que se refiere a la tramitación urbanística y el proceso de recalificación de los terrenos. La Fiscalía de Murcia lo ha investigado después de conocer que el campo de golf va a construirse en un paraje protegido por la Unión Europea como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y Lugar de Interés Comunitario (LIC). Por otro lado, en mayo de 2010 Rafael Gálea, director general de Hansa Urbana, fue llamado a declarar por un juez en calidad de imputado, ya que existen “indicios racionales” de participación en delitos contra la Hacienda Pública y falsificación de documentos. La cuantía de las multas por tales delitos superaría los seis millones de euros.

Dos barcos de Greenpeace, el Arctic Sunrise y el Esperanza, recorrerán, durante tres meses, las principales zonas del planeta que se encuentran en peligro a causa de la extracción de petróleo en aguas profundas. El proyecto se enmarca dentro de la campaña de denuncia de la dependencia de los combustibles fósiles, así como los riesgos derivados de seguir agotando las reservas petrolíferas, cada vez más inaccesibles y, por tanto, peligrosas.

El Arctic Sunrise navegará por la zona de los Cayos de Florida y Dry Tortugas, desde donde también se dirigirá al área en la que se hundió la plataforma petrolífera Deepwater Horizon. Durante los próximos tres meses el buque acogerá a diferentes equipos de expertos que harán una valoración de los daños causados por el vertido (considerado el peor desastre medioambiental de Estados Unidos) y los dispersantes químicos en los organismos vivos del golfo de México, desde el plancton de la superficie hasta los corales ubicados en las aguas más profundas.

Por otra parte, el Esperanza ha comenzado una ruta que le llevará a algunos de los lugares del planeta que pueden correr la misma suerte que el golfo de México debido a la presencia de plataformas petrolíferas en aguas profundas o a las prospecciones que realizan empresas como BP, Exxon o Chevron.

Las áreas identificadas por Greenpeace en su expedición “Vayamos más allá del petróleo” (Go beyond oil, en inglés) comprenden la costa desde Brasil hasta México, así como el Ártico, Nigeria o Libia, donde se encuentran los mayores proyectos de extracción petrolífera en aguas profundas, aunque no son los únicos. Un ejemplo de ello son los dos nuevos pozos que Repsol pretende comenzar a operar frente al Parque Natural del Delta del Ebro y que aún están pendientes de recibir la autorización.

“Seguir bombeando hasta la última gota de petróleo de la tierra, no sólo no tiene ningún sentido en un contexto de cambio climático, sino que es altamente peligroso, como se ha puesto de manifiesto últimamente en los vertidos del golfo de México o de China. Debemos y podemos reducir nuestra dependencia de los combustibles fósiles y apostar por que los nuevos proyectos se basen en las energías renovables”, ha declarado Aida Vila, responsable de la campaña de cambio climático y energía de Greenpeace.

La evolución de los dos barcos de Greenpeace y las últimas noticias sobre el vertido pueden consultarse en la página web de la organización ecologista.

PELP! son las siglas para Plataforma Ciudadana contra el Megaproyecto Hotelero en El Palmar o, más sencillo, “Salvar El Palmar.es“. Es una plataforma que nace en diciembre de 2009, momento en el que el Ayuntamiento de Vejer de la Frontera (Cádiz, España), con Antonio Verdú Tello (PSOE) como alcalde, anuncia el acuerdo con una promotora inmobiliaria para reflotar un macroproyecto hotelero con más de 600 habitaciones en la playa de El Palmar. La plataforma PELP! ha conseguido, a través de las redes sociales (además de su propia página web y su blog, tienen grupo en Facebook), que miles de personas reivindiquen un patrimonio natural que pertenece a todos y que no puede ni debe ser usado por la falta de escrúpulos de algunos políticos para su propio beneficio. Los pocos kilómetros de playas vírgenes que aún resisten en la península ibérica deben seguir así: vírgenes. La plataforma Salvar el Palmar apuesta por la preservación de los recursos naturales y culturales de las zonas vírgenes de la Playa del Palmar y, por extensión, todo el Mar de Trafalgar para que se convierta en un ejemplo internacional de turismo ecológico y rural de excepcional calidad.

Además de numerosos ciudadanos, algunas organizaciones ecologistas, como Ecologistas en Acción, Greenpeace, Respect (asociación surfera y ecológica) o Clean Ocean Project, apoyan decididamente la plataforma y las acciones de protesta que se llevan a cabo. La propia Junta de Andalucía ha denunciado el proyecto, pero el Ayuntamiento quiere seguir adelante con ésta, algo “lamentable”, según Lola Illescas, responsable de Ecologistas en Acción en la provincia de Cádiz, porque “quieren hacer unas instalaciones para turistas cuando son los propios turistas los que se oponen“. Respecto a la creación de empleo en el sector hotelero en la costa, Illescas cree que “no crean apenas puestos de trabajo, son estacionales, precarios y de bajo nivel porque los cargos importantes los trae la empresa. De los grandes hoteles la mayoría cierran en invierno, lo que fomenta los contratos exclusivamente temporales”.

Greenpeace y Ecologistas en Acción han denunciado que el certificado PEFC avala la gestión forestal irresponsable. Esta denuncia puede desatar una fuerte polémica. Según estos dos grupos ecologistas, la empresa forestal Silvasur ha renovado su certificado PEFC que avala una “gestión forestal sostenible” tras destruir los recursos naturales en la Sierra de Huelva. Ha sido la empresa auditora AENOR la que ha renovado el certificado PEFC de gestión forestal sostenible a Silvasur, una filial del grupo papelero ENCE.

“El sistema de certificación PEFC, AENOR y Silvasur se están burlando del ciudadano. Pretenden engañar al consumidor y llamar sostenible a algo que es el ejemplo de lo que no habría que hacer”, ha declarado Miguel Ángel Soto, responsable de la Campaña de Bosques y Clima de Greenpeace España. “Los compradores de papel y madera deberán identificar ahora al certificado PEFC con los irresponsables aterrazamientos llevados a cabo en la Sierra de Huelva donde se han eliminado cientos de ejemplares de alcornoques, madroños, brezos, etcétera, con importantes movimientos de tierra que han destrozado el perfil de las laderas y han alterado gravemente el recurso suelo y el paisaje”.

A finales de 2009, las organizaciones Ecologistas en Acción y Greenpeace ya presentaron una reclamación ante el sistema PEFC donde se exponían los incumplimientos de los estándares de gestión forestal que han permitido a Silvasur obtener este certificado. Además, parte de las actuaciones denunciadas se localizaban en el interior en diversas fincas incluidas dentro del Paisaje Protegido de Río Tinto, de la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA). Hasta la fecha, Silvasur no ha respondido a la reclamación, algo que, según parece, es irrelevante para el sistema PEFC.

“Parece que el sistema PEFC quiere que su sello se identifique con deforestación, ausencia de rigor y falta de transparencia“, ha señalado Raúl Navarrete, de Ecologistas en Acción. Y ha añadido que es que “la Junta de Andalucía permita que se atente contra los espacios protegidos y que permanezca totalmente impasible”.

El descrédito del sistema de certificación forestal PEFC se está produciendo también a partir de polémicas producidas en otras latitudes debido a la falta de rigor de sus estándares y la escasa transparencia de sus procedimientos. En Indonesia, donde no existen plantaciones certificadas PEFC, este sistema ha autorizado el uso de su logotipo a una empresa papelera, Asia Pulp and Paper, que está implicada en la tala de la selva tropical y la destrucción de bosques de turbera para suministrar madera a sus fábricas de papel.

El sistema de certificación PEFC avaló hace unos meses la madera del vallado utilizada en el recorrido de los encierros de San Fermín.

Tras confirmar mediante análisis de laboratorio que el maíz sembrado en una parcela de la provincia de Friuli, Italia, es una variedad de maíz transgénico patentada por Monsanto, el MON810, sin que se cuente con la autorización correspondiente y que, por lo tanto, es ilegal, activistas de Greenpeace Italia, Austria, Alemania y Hungría pusieron en cuarentena dichos cultivos con una acción pacífica. Vestidos con trajes de bioseguridad para protegerse de la contaminación, los activistas de la organización ecologista aislaron, cortaron y confinaron la parte más alta de plantas de este maíz transgénico, pues existe una extensa documentación acerca de las amenazas del MON810 para la biodiversidad, incluyendo la acumulación de toxinas en el suelo e impactos negativos sobre especies como mariposas y palomillas.

Federica Ferrario, coordinadora de la campaña de Agricultura de Greenpeace Italia afirmó que “Greenpeace actúo hoy para prevenir la contaminación de estos cultivos transgénicos ilegales y peligrosos”. Greenpeace y la Fuerza Especial para una Italia Libre de Transgénicos, quieren con esta protesta llamar la atención de las autoridades italianas para que tomen acciones decididas contra los cultivos transgénicos ilegales.

“Las autoridades deben de actuar inmediatamente, especialmente porque es muy probable que haya otras parcelas de maíz transgénico cultivadas en Friuli. Greenpeace empezó el trabajo hoy, pero ahora las autoridades deben retomarlo y actuar para aislar y destruir estos campos transgénicos, además de empezar a realizar estudios y análisis a gran escala“, anadió Federica Ferrario.

En México, la organización ecologista también denunció, en 2007, siembras ilegales y contaminación de semillas en el valle de Cuauhtémoc tras haber detectado la presencia de las variedades de maíz transgénico NK603, MON810, MON862, semillas vendidas como híbridas. “El caso de Friuli reafirma una vez más la estrategia de contaminación de la empresa transnacional Monsanto para difundir sus semillas transgénicas”, señaló Aleira Lara, coordinadora de la campaña Agricultura Sustentable y Transgénicos en Greenpeace México.