Los créditos de carbono son un instrumento económico contemplado en el Protocolo de Kioto. Cada crédito equivale a una tonelada de dióxido de carbono que ha sido dejada de emitir a la atmósfera. Únicamente pueden ser generados por los mecanismos establecidos en el Protocolo de Kioto. Según qué mecanismo, se distinguen diferentes tipos de créditos:

1.- ERU, Emissions Reduction Unit (JI) o URE: unidad de reducción de emisiones (AC). Cantidad equivalente a una tonelada de CO2 que se deja de emitir a la atmósfera por la puesta en marcha de un proyecto de aplicación conjunta.

2.- CER, Certified Emission Reduction (CDM) o RCE: reducción certificada de emisiones (MDL). Representa una tonelada de CO2 que deja de emitirse a la atmósfera y que ha sido generada y certificada mediante el esquema del mecanismo de desarrollo limpio.

3.- RMU, Removal Unit (Afforestation & Forestation) o UDA: unidad de absorción (forestación y reforestación). Cuota disponible para conseguir la eliminación de los gases de efecto invernadero mediante la utilización de sumideros de carbono.

En otras palabras, estos créditos se usan para hacer más fácil el cálculo de la cantidad de gases que se liberan en el aire y compensar su emisión. Es parte de un plan internacional, seguramente el más grande que se ha creado en toda la historia de la humanidad, en un esfuerzo por reducir el calentamiento global y sus efectos. Se trata de nivelar la cantidad de emisiones totales que pueden ser liberadas por una empresa o negocio. Si hay un superávit en la cantidad de gases que se emiten, hay un valor monetario asignado a ese superávit y puede ser objeto de comercio, fundamentalmente para proyectos que compensen la contaminación, es decir, que renueven el dióxido que se ha emitido a la atmósfera, como pueden ser proyectos de reforestación (habitualmente en países pobres o en vías de desarrollo).

Claro que también es verdad que algunos piensan que es dar dinero para que se les permitan seguir contaminando. Además, son créditos que se compran y venden en los mercados internacionales. O sea, que pueden ser objeto de especulación y no tienen por qué usarse para cuidar el medio ambiente. Como sucede a menudo con cualquier aspecto que roza la economía mundial, cumplirá los objetivos que se marcaron en su creación sólo si se hace un buen uso del plan.

Diversos grupos de trabajo han debatido sobre el estado en la investigación de los sistemas forestales y agrícolas como sumideros de carbono, así como el futuro de estos sistemas en relación con el Protocolo de Kioto y los requerimientos de reducción de emisiones de los países firmantes. El encuentro, celebrado en Madrid, reunió a un grupo de sesenta expertos invitados que aportaron sus experiencias y estrategias sobre el papel de los sistemas agroforestales en la mitigación de los efectos del cambio climático.

Una de las empresas participantes, Cesefor (Centro de Servicios y Promoción Forestal y de su Industria de Castilla y León), desde hace varios años desarrolla, desde su departamento de I+D+i, una línea de trabajo sobre la contabilidad del carbono en los ecosistemas forestales. En este caso, Cesefor aportó su experiencia en el desarrollo del primer sistema de contabilidad de carbono en sistemas forestales que se está realizando en España como adaptación del Sistema Canadiense CBM/CFS3, proyecto en el Cesefor trabaja en colaboración con el Gobierno de Canadá desde 2009 y dirigido por Iñigo Lizarralde, investigador del centro.

El encuentro “Sistemas agroforestales como sumideros de gases de efecto invernadero”, enmarcado en la Presidencia Española de la Unión Europea y bajo la organización del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) del Ministerio de Ciencia e Innovación, contó para su inauguración con la ministra Cristina Garmendia, quien señaló que España es actualmente el quinto país del mundo (sólo por detrás de Estados Unidos, Japón, Alemania y el Reino Unido) con mayor número de patentes en el área de las tecnologías medioambientales, según la OCDE, lo que demuestra que el país está sabiendo traducir en este área su potencial científico y tecnológico en una realidad industrial y altamente competitiva a nivel internacional.

Los expertos participantes pertenecen a todos los ámbitos de la responsabilidad científica, política y territorial, y mostraron las últimas iniciativas para reducir las emisiones e incrementar las absorciones de estos gases en el sector agroforestal. Los sistemas de contabilidad de carbono, los mecanismos flexibles de compensación de emisiones o las políticas nacionales en cambio climático fueron algunos de los principales temas tratados.

Se ha filtrado desde el Ministerio de Industria la intención de eliminar trámites técnicos y burocráticos para facilitar la adquisición e instalación de paneles solares de uso doméstico. Esto es una buena noticia. Pero, por otro lado, el mismo Ministerio reduce las primas a la producción de energía solar fotovoltaica, es decir, sobre todo a las huertas solares. La rentabilidad de este sector está, por tanto, pendiente de un hilo. Y, en algunos casos, su viabilidad económica como empresas se tambalea. Las más afectadas son las grandes compañías energéticas, que son quienes más han invertido en el sector, pero también afecta a muchos pequeños inversores. Además, hay que tener en cuenta que existen compromisos para que el 20% de la energía final consumida en España sea renovable, algo que no será fácil de conseguir si se recortan las primas a la producción. Por otra parte, España fue en 2009 el segundo país de la Unión Europea (después de Alemania) por potencia eólica.

Las subvenciones a las energías limpias suponen un gasto para el Estado español de 6.000 millones de euros al año. Un 40% de ese dinero se destina a la energía solar. Parece que este tipo de energía está en el punto de mira del Gobierno. A pesar de que contribuye con impuestos, tasas locales, por no hablar del ahorro en combustibles contaminantes y las ventajas por derechos de emisión de gases nocivos. Algunos expertos piensan que, debido a la caída en los costes de fabricación de los paneles solares, el sector puede, en el futuro, aceptar una reducción de las ayudas por parte del Estado.

Quizá para compensar esa pérdida en el sector es por lo que el Gobierno quiere incentivar a los particulares a que apuesten por la energía limpia y, de paso, aligeren su factura eléctrica. Así se matan dos pájaros de un tiro: ahorrar algo de dinero a las economías domésticas y luchar contra el cambio climático.

También hay que tener en cuenta todo el dinero que tienen invertido los bancos en proyectos de energías renovables. Según la Asociación Empresarial Fotovoltaica (AEF), los bancos tienen en riesgo en el sector unos 15.000 millones de euros. El ministro de Industria, Miguel Sebastián, trata de calmar a mercados y sector asegurando que las medidas no tendrán carácter retroactivo.

España es el segundo país de la Unión Europea más incumplidor con el Protocolo de Kioto. Sólo Dinamarca tiene peores registros que nosotros y la cosa no parece que se vaya a arreglar. De hecho, según unos cálculos realizados por Bruselas, España emite un 37% más de lo comprometido a falta de sólo 3 años para la fecha del cumplimiento, en 2012.

La mayoría de los 25 países de la UE sí que están bajando considerablemente los niveles de vertido atmosférico, algo que en nuestro país es todo lo contrario. Así lo ha hecho saber un diagnóstico de la Comisión Europea, encargado de avisar a todos los Jefes de Estado para que tomen cartas sobre el asunto en la importante lucha contra el cambio climático.

Los países que mejor están cumpliendo con las exigencias son Estonia, Letonia y Rumanía, con porcentajes del 58, 38 y 27% por debajo de lo permitido, respectivamente.

Triste pero cierto. España es el país europeo que más se aleja del cumplimiento de los objetivos impuestos en el protocolo de Kioto. Pese a recortar en 7,5 millones de toneladas equivalentes de CO2 sus emisiones, el informe anual de la Agencia Europea de Medio Ambiente mantiene que seguimos siendo el país que menos esfuerzos está haciendo por cumplir con nuestras obligaciones en materia mediombiental.

Y es que desde la década de los 90, España ha incrementado sus emisiones en un 50% cuando Kioto tan sólo le autorizaba para un 15%. Otros países como Dinamarca y Finlandia, también están haciendo caso omiso y han incrementado sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 10,9% y un 16,3%, respectivamente, en lo que va de año.

Kioto le costará a España 5.300 millones. Entre Japón, Italia y España el coste total ascenderá a 22.600 millones de euros por no reducir las emisiones de gases de efecto invernadero como prometieron en el tratado de Kioto. Estos países porbablemente no cumplan el compromiso porque subestimaron el crecimiento de sus economías y las emisiones futuras de industrias y eléctricas. Y es que nadie pagó para adaptar fábricas, centrales eléctricas y papeleras a reducir los gases de efecto invernadero. Estos paises tendrán que salir a comprar créditos para cubrir su exceso de CO2.

El precio de un crédito certificado de reducción de emisiones (CER en sus siglas en inglés) para 2008, subió un 14 por ciento en el trimestre comprendido hasta el 27 de noviembre a una cifra récord de 18,20 euros por tonelada de CO2 emitida

¿Quién pagará este gasto? En el caso de España se trasladará el 40% del coste de las emisiones extra a las empresas. El resto procederá de impuestos. Sí, de los impuestos que pagamos todos.
En Italia aun es peor, pues los contribuyentes pagarán el 75% de la factura de los permisos extra.
Para colmo, este año China podría sustituir a EEUU como el mayor emisor mundial de gases de efecto invernadero.

La aprobación del Protocolo de Kioto, la Directiva Europea de derechos de emisión y la creación del mercado de dióxido de carbono (CO2) mostraron el coste que iba a representar contaminar para los sectores emisores de gases de efecto invernadero. El precio de los derechos de emisión de dióxido de carbono aumentará considerablemente en los próximos años, hasta situarse en 40 euros por tonelada en 2020.

El Plan facilitó que la reducción de emisiones se realizará en los sectores más eficientes como el eléctrico por considerarse un mercado menos expuesto al comercio internacional y con mayor capacidad para internalizar los costes, permitiendo la adaptación de otras actividades con menor capacidad de reducir los gases de efecto invernadero, mientras se garantiza el suministro eléctrico.

Pero el recorte no sólo ha afectado a las eléctricas, sino que las cerca de mil industrias españolas sujetas al comercio de CO2 contarán con un 19,3% menos de derechos, respecto al periodo anterior.

A lo largo de este último ejercicio, el precio de la tonelada de CO2 se ha mantenido relativamente estable y bajo, debido a que las empresas ya tomaron posiciones en los dos últimos años y tienen cubiertas sus necesidades de derechos, sin embargo, la necesidad de acudir al mercado por el déficit existente y el aumento de las exigencias para la reducción de las emisiones incrementarán de forma gradual el coste de la tonelada a partir del próximo año y a medida que aumenten las exigencias de reducción de emisiones.