Chantaje medioambiental de Ecuador
Hace algo más de dos años, el Gobierno de Ecuador presentó un plan de conservación y desarrollo alternativo para Yasuní, una de las áreas con más riqueza biológica del mundo. En el plan se proponía no explotar las reservas petrolíferas que se encuentran en la zona a cambio de que países desarrollados pagaran un equivalente a la mitad del dinero que recibiría si lo hiciera. Una especie de chantaje medioambiental: si no me pagas, contamino. No muy defendible desde el punto de visto ético, la verdad.

El caso es que la propia Organización de Naciones Unidas aceptó controlar el plan y administrar el fondo. Sin embargo, si la organización no realiza un pago de, al menos, 100 millones de dólares al Gobierno ecuatoriano antes de fin de año, se autorizará a una empresa china para que comience con la explotación en esta región de alto valor natural.

Hasta el momento han colaborado con la causa Chile, Perú, España e Italia. Los primeros han ofrecido donaciones simbólicas, mientras que España ha destinado un millón de euros para el proyecto e Italia ha perdonado 35 millones de euros de deuda. Sin embargo, todo ese dinero, que suponen un total de 40 millones de dólares, no llega a la suma que se necesita.

Se cree que debajo del parque nacional yacen mil millones de barriles de petróleo, equivalentes al 20% de las reservas nacionales y valorados entre 7.000 y 10.000 millones de dólares. El petróleo (o el dinero) sigue mandando en el mundo y la declaración de parque natural es papel mojado.

Pero hay otro valor mucho más preciado en la región, si bien no en términos económicos: unas 47 especies de anfibios y reptiles, 550 clases de pájaros y 200 tipos de mamíferos. En una hectárea de la reserva hay más especies de árboles que en todo Norteamérica. La biodiversidad del lugar vale mucho más que el petróleo que (se supone) hay bajo el suelo. Una biodiversidad que para las empresas petrolíferas y el Gobierno de Ecuador no vale nada.

Se pueden dar otros usos a la región que crearían empleo y harían crecer la economía, como el desarrollo de investigaciones científicas, especialmente para el sector farmacéutico. Por tanto, que el propio Gobierno permita la destrucción de esta rica región es no defender a su propio país.