Corrupción en la gestión de residuos
Mientras cada vez más ciudadanos se preocupan por separar cada desecho para poder arrojarlos al contenedor apropiado para su posterior reciclaje, algunos políticos se llenan los bolsillos aprovechando el control de la gestión de esos residuos. Es, aparte de un delito, la mejor forma de darle la razón a aquellos que opinan que reciclar no sirve para nada y que no están dispuestos a perder su tiempo en la tarea.

Un último caso de corrupción se ha producido en la gestión de residuos urbanos de Mallorca, en España. El Consell de Mallorca es el que tiene que adjudicar los contratos de la recogida selectiva de basuras. Pero las facturas, que debía pagar la institución pública, se inflaban. El caso, conocido como Operación Cloaca, ha sido descubierto por la fiscalía Anticorrupción y el Grupo de Delincuencia Económica de la Policía.

Las empresas concesionarias son FCC-Lumsa y la empresa Melchor Mascaró, que se constituyó en una UTE (Unión Temporal de Empresas) para la ocasión. Sin embargo, algunos ayuntamientos mallorquines decidieron contratar a otras empresas para realizar esta labor. El contrato con FCC-Lumsa y Melchor Mascaró establecía el precio por tonelada de residuos recogida en los contenedores para envases, vidrio y papel, y incluyeron en las facturas como propias todo lo que recogían las adjudicatarias de otros ayuntamientos. Además, se ha descubierto que las citadas empresas ganaron la concesión de la gestión de los residuos, aunque su proyecto era más caro que el de otras.

Para ello, el Consell facilitaba los datos a FCC-Lumsa y a Melchor Mascaró. Así, presentaban a la institución insular facturas infladas. Pero cuando Unió Mallorquina dejó de formar parte del Gobierno insular, el sistema se vino abajo. El nuevo equipo responsable de la política de Medio Ambiente se negó a facilitar los datos de la recogida selectiva de basuras y, además, abrió una investigación al respecto. Por su parte, Unión Progreso y Democracia (UPyD) ha señalado que estas presuntas irregularidades pueden afectar a la mayoría de los ayuntamientos de Mallorca.

El importe total de la malversación puede ser de más de 3 millones de euros. Están siendo investigados el ex director de Residuos del Consell de Mallorca y un empresario, ambos pertenecientes al partido político UM (Unió Mallorquina). Hay que recordar que tanto el citado ex director como la ex consellera de Medio Ambiente del Consell se reunieron con Greenpeace en 2008 a causa de una protesta por la incineradora de Son Reus. Los responsables políticos por aquel entonces defendían que era el mejor modelo de gestión de residuos de todo el Estado, mientras que Greenpeace les acusaba de conceder un contrato a una empresa para quemar residuos hasta el año 2041.