Ecologistas asesinados en El Salvador
Manifestarse a favor del planeta puede costar muy caro en un país como El Salvador. Ya son cuatro los ecologistas asesinados en los últimos tiempos tan sólo por protestar ante proyectos perjudiciales para el medio ambiente. Juan Francisco Durán tenía treinta años cuando participó en una movilización contra los proyectos de minería metálica en su poblado natal, Ilobasco, a unos sesenta kilómetros al noreste de la capital, San Salvador.

San Salvador es, desde 1994, el segundo país más deforestado (en porcentaje) después de Haití, según datos manejados por el Banco Mundial. Juan Francisco repartía cuartillas en las que se explicaban sus reivindicaciones ecologistas. Según cuentas personas presentes aquel día, un coche de lunas tintadas pasó por allí: pandilleros echando un vistazo.

Pocos días después, su cadáver fue encontrado en un descampado al este de la capital, con dos tiros en la cabeza. La policía, en un primer momento, pensó que era un pandillero más envuelto en la guerra de maras. Incluso fue enterrado en una fosa común, hasta que el cadáver fue reclamado por su padre.

Según un estudio titulado “Impactos de la minería aurífera en El Salvador” elaborado por Cáritas, El Salvador y la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), debido a proyectos ejecutados en los años setenta, aún se pueden encontrar concentraciones de cianuro de 2 a 6 mg/l, de arsénico de 0,5 a 0,7 mg/l y de plomo de 0,3 a 0,5 mg/l. La ley de minería vigente no contempla una verdadera protección medioambiental y un nuevo proyecto va a llevarse a cabo haciendo peligrar la salud de los habitantes a causa de la contaminación por cianuro.

Según la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), la densidad poblacional en El Salvador (más de 250 habitantes por kilómetro cuadrado) está acabando con los recursos naturales del país. Casi la totalidad de la vegetación natural del territorio ha desaparecido. La FAO estima que apenas queda un 2% del bosque original.

El Banco Mundial prevé que, en 2030, El Salvador se tendrá que enfrentar a un grave déficit de agua, siendo el único país de Centroamérica que llegará al estrés hídrico, es decir, que se va a quedar sin fuentes acuíferas. Se calcula que hay casi dos millones de personas en El Salvador que no tienen acceso a agua potable.

El Salvador, un país destrozado por la violencia de las maras, y que se va a encontrar, dentro de unos años, sin recursos con los que subsistir, mientras empresas extranjeras de minería ganan dinero explotando el territorio.