El Gobierno de España facilita la fractura hidráulica
La fractura hidráulica o fracking se está extendiendo por todo el mundo. Se trata de una técnica que tiene como objetivo extraer petróleo o gas natural del interior de la tierra inyectando agua y productos químicos para romper rocas y poder así obtener los hidrocarburos que hay en su interior.

La técnica es muy polémica y ha recibido duras críticas porque supone un riesgo para el medio ambiente y, en el peor de los casos, también para la salud de las personas. El Gobierno de España, sin tener esto en cuenta, ha decidido, no sólo legalizar, sino facilitar los trámites legales, para la fractura hidráulica. Para ello, el Consejo de Ministros aprobó hace más de dos semanas un anteproyecto de ley en el que se incluye un apartado que regula el control ambiental de la peligrosa técnica.

El pasado viernes 15 de marzo, dicho anteproyecto ya era proyecto de ley y empezaba su tramitación. Algunos alcaldes no están a favor de este tipo de extracción de combustibles fósiles. Unos cincuenta Ayuntamientos de Cantabria y Castilla y León escribieron al ministro de Industria, a través de la Federación Española de Municipios y Provincias, señalando su preocupación por el impacto que el fracking podía tener en el medio ambiente. El ministro Soria contestó asegurando que la técnica “debe ser permitida”.

Antes los oídos sordos del Gobierno, los ciudadanos se organizan para detener los proyectos. En Cádiz se ha creado la “Plataforma Cádiz libre de fracking”, en la que participan colectivos ecologistas, grupos sindicales y partidos políticos. Esta plataforma quiere prohibir la fractura hidráulica.

El Gobierno de España facilita la fractura hidráulica
En la provincia andaluza, la empresa norteamericana Scheupbach Energy va a comenzar a buscar hidrocarburos en dos parcelas que ocupan una extensión de 82.000 hectáreas (más del 10% de la superficie de la provincia) en los municipios de La Janda y del Campo de Gibraltar. Ese terreno abarca tres parques naturales: Los Alcornocales, La Breña y el Estrecho de Gibraltar.

Los ciudadanos se organizan para protestar

Por supuesto, este tipo de proyectos necesita obtener el correspondiente expediente de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA). Sólo que las exigencias para lograr la autorización de explotación se están reduciendo. Instituciones como el Colegio Oficial de Geólogos (ICOG) pidió al Gobierno una regulación adecuada de la técnica para evitar que la fractura hidráulica afecte a la salud humana y al medio ambiente, sobre todo, a los acuíferos. De momento, los geólogos no han sido escuchados.

Otras consecuencias negativas del fracking son la emisión de dióxido de carbono (CO2) y la posibilidad de que se produzcan pequeños seísmos.