España continúa con el problema de sus aguas residuales
Ya nos temíamos que al nuevo Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, le iba a sobrar el último de los tres términos. Poco han tardado sus responsables en darnos la razón. Sólo han tardado un par de meses en preparar un cambio en la Ley de Costas para permitir la construcción de edificios en el ya sobreexplotado litoral español. Y esto sólo acaba de empezar.

El Ministerio de Medio Ambiente tiene que enfrentarse a los requerimientos de la Comisión Europea. Hace años (y esto también es culpa del anterior Gobierno, así como de las comunidades autónomas) que Europa pide una correcta depuración de las aguas residuales. El Ministerio lo reconoce y espera una sanción económica de entre 20 y 50 millones al año. En vez de tratar de resolver el problema, que es lo que ingenuamente pensamos algunos que la Administración Pública debe hacer, pagarán una multa cuando las arcas del Estado están vacías y hay recortes por todas partes.

El PP echa la culpa al PSOE. Y no le falta razón. España tiene un problema con la depuración de sus aguas residuales desde hace años. El tratamiento correcto se realiza en un 83% de las aguas residuales. El problema está en la dispersión de algunas poblaciones, que obliga a construir miles de estaciones de tratamiento.

Bruselas ya ha abierto dos procedimientos sancionadores contra España y prepara un tercero. En 2011, el Tribunal de Luxemburgo condenó a España porque 38 ciudades de más de 15.000 habitantes no depuraban correctamente. Pero la solución no puede ser mirar hacia otro lado y echar la culpa a los anteriores responsables.

De las 38 localidades, quince han resuelto el problema, doce tienen una instalación de depuración en construcción y las once restantes todavía no han implantado medidas. Entre estas últimas, están las depuradoras de Nerja (Málaga), Santiago de Compostela (A Coruña) y Vigo (Pontevedra). La depuración es competencia autonómica y municipal, pero Medio Ambiente cofinancia las obras.

Por otra parte, Bruselas también denunció a España porque 39 ciudades no depuraban correctamente el agua en zonas declaradas como sensibles, es decir, en lugares con mayor valor ecológico. Pero aún queda el tercer procedimiento: los 912 pueblos de más de 2.000 habitantes que incumplen la norma. Hay localidades en todas las comunidades autónomas, salvo en Navarra y Murcia.

La patronal calcula que hay que invertir 1.000 millones al año. Bien, invirtamos y generemos empleo y desarrollo económico. Hace falta. Como hace falta un mayor respeto por el medio ambiente y por la salud de los ciudadanos. Y como hacen falta políticos que no miren hacia otro lado y se enfrenten a los problemas.