España necesita un plan sobre el agua
La Directiva 2000/60/CE es una norma europea que tiene como objetivo la preservación de la calidad de las aguas de los países miembro. Esta directiva establece un marco de actuación y obliga a los estados miembro a elaborar un plan de gestión de cada demarcación hidrográfica. Además, los que compartan ríos internacionales deben colaborar para presentar un plan hidrológico conjunto.

España aún no ha presentado a la Unión Europea estos planes, cuando se tenía que haber hecho, a más tardar, el 2 de diciembre de 2009, por lo que la Comisión Europea ha pedido al citado país que no se demore más tiempo en cumplir la legislación y así alcanzar el objetivo de un buen estado de las aguas europeas para 2015. España tiene un plazo de dos meses para dar una respuesta satisfactoria, si no quiere verse llevado hasta el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.

La Directiva Marco del agua, como se conoce esta norma, exige a los Estados miembro consultar a la población y a otras partes interesadas sobre los planes y hacer públicos los borradores con un margen de seis meses para recibir observaciones. España sólo ha adoptado esos planes en la cuenca fluvial de Cataluña, pero no en las otras veinticuatro existentes en el país. Dicho de otra forma, los ciudadanos desconocen por completo cómo se van a gestionar sus recursos hídricos.

La citada Directiva se promulgó con el objetivo de proteger y recuperar todas las aguas superficiales y subterráneas (ríos, lagos, canales y aguas costeras) y conseguir un buen estado de todas ellas en 2015. Las aguas tiene que tener la menor huella de impacto humano posible. Por ello, los planes hidrológicos son esenciales: para conocer los problemas principales de cada cuenca y proponer las medidas concretas necesarias para lograr la máxima calidad medioambiental. Esta política medioambiental es una prioridad para la Comisión Europea, pero parece que no para el Gobierno español.