Europa endurece la legislación sobre reciclaje electrónico
El Parlamento Europeo ha aprobado una directiva que introduce objetivos más estrictos de recogida y reciclaje de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, tales como frigoríficos, ordenadores y televisores. Las nuevas normas permiten a los consumidores devolver aparatos pequeños, como teléfonos móviles, a las tiendas de electrónica sin tener que comprar un nuevo producto. También se reducen las cargas administrativas para los fabricantes.

Los Estados miembros tendrán un año y medio para adaptar estas normas a su propia legislación. De esta forma, se revisa la directiva actual sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), vigente desde 2003.

Según se desprende de la directiva aprobada, todos los Estados miembros deben incrementar sus objetivos de recogida de residuos eléctricos, independientemente de que ya hayan alcanzado la meta general de cuatro kilogramos por persona y año. Para contribuir a este ambicioso objetivo se ha introducido una cláusula que permite a los consumidores devolver aparatos muy pequeños, como teléfonos móviles, a las tiendas de electrónica sin que tengan la obligación de comprar otro aparato a cambio. Las pequeñas superficies quedan excluidas de esta disposición.

El texto establece que, para 2016, la mayoría de los países deberán recoger 45 toneladas de residuos eléctricos por cada 100 toneladas de aparatos introducidos en el mercado previamente. Para 2019, los países podrán escoger entre incrementar este objetivo hasta el 65% o recoger el 85% de los RAEE generados en su territorio.

La directiva también establece que se deberán utilizar en todo momento las mejores técnicas de reciclaje. Los fabricantes seguirán financiando la consecución de los objetivos de recogida.

Hasta ahora, la aplicación de la norma aún vigente ha sido muy diferente por parte de los Estados. Algunos todavía deben mejorar sus instalaciones de recogida y, por ello, tendrán un objetivo intermedio del 40%, mientras que podrán aplazar a 2021 la meta de 2019: Bulgaria, la República Checa, Letonia, Lituania, Hungría, Malta, Polonia, Rumania, Eslovaquia y Eslovenia.

Los eurodiputados también han conseguido introducir controles más estrictos para impedir el envío de cargamentos ilegales a terceros países, donde el tratamiento de los residuos eléctricos y electrónicos pone en peligro la salud de los trabajadores y el medio ambiente.