Francia va a apoyar el consumo sostenible
Los productos franceses empezarán a llevar etiquetas informativas sobre su sostenibilidad desde el próximo año 2011, según ha anunciado Chantal Jouanno, secretaria de Estado de Ecología del Gobierno de Francia. Así, a partir de la citada fecha, se ampliará la información en las etiquetas de los productos y se añadirá a la que ya llevan, como la fecha de caducidad, el modo de conservación, los ingredientes de los que está hecho el producto o el valor energético de los alimentos.

De momento, se trata de un proyecto experimental que comenzará en julio de 2011 y que durará un año. Las etiquetas incluirán información referente a temas como las emisiones de dióxido de carbono emitidas a la atmósfera, el consumo de agua que se ha producido para elaborar el producto o los desechos tóxicos generados en los procesos de fabricación y elaboración de los productos. También se informará de el nivel de sostenibilidad de los recursos naturales utilizados. Un pequeño pero importante paso adelante hacia el verdadero poder del consumidor, que podrá dar su apoyo a productos más sostenibles y rechazar aquellos que contaminan y desgastan el planeta.

Desde el Ministerio de Medio Ambiente francés se hace un llamamiento a fabricantes y distribuidores para que participen en el proyecto y se espera la participación de empresas de diversos y muy diferentes sectores, como el de la alimentación, el textil, el de los electrodomésticos o el de la tecnología. El objetivo es claro: que el consumidor pueda comparar las características ecológicas de los productos a la hora de tomar decisiones de compra y potenciar así su derecho como consumidor.

Francia fue uno de los primeros países en crear, en 1971, un Ministerio de Protección de la Naturaleza y el Medio Ambiente, que, al principio, se encargaba de coordinar los esfuerzos del resto de ministerios. Pero, incluso antes, ya se habían tomado algunas medidas como la ley de 1960 por la que se creaban los parques nacionales y la ley de 1964 que planteaba mecanismos de intervención económica basados en el principio, que, ahora sí, es seguido por muchos países industrializados, de “quien contamina paga”.