Gobierno de España y energía solar
Se ha filtrado desde el Ministerio de Industria la intención de eliminar trámites técnicos y burocráticos para facilitar la adquisición e instalación de paneles solares de uso doméstico. Esto es una buena noticia. Pero, por otro lado, el mismo Ministerio reduce las primas a la producción de energía solar fotovoltaica, es decir, sobre todo a las huertas solares. La rentabilidad de este sector está, por tanto, pendiente de un hilo. Y, en algunos casos, su viabilidad económica como empresas se tambalea. Las más afectadas son las grandes compañías energéticas, que son quienes más han invertido en el sector, pero también afecta a muchos pequeños inversores. Además, hay que tener en cuenta que existen compromisos para que el 20% de la energía final consumida en España sea renovable, algo que no será fácil de conseguir si se recortan las primas a la producción. Por otra parte, España fue en 2009 el segundo país de la Unión Europea (después de Alemania) por potencia eólica.

Las subvenciones a las energías limpias suponen un gasto para el Estado español de 6.000 millones de euros al año. Un 40% de ese dinero se destina a la energía solar. Parece que este tipo de energía está en el punto de mira del Gobierno. A pesar de que contribuye con impuestos, tasas locales, por no hablar del ahorro en combustibles contaminantes y las ventajas por derechos de emisión de gases nocivos. Algunos expertos piensan que, debido a la caída en los costes de fabricación de los paneles solares, el sector puede, en el futuro, aceptar una reducción de las ayudas por parte del Estado.

Quizá para compensar esa pérdida en el sector es por lo que el Gobierno quiere incentivar a los particulares a que apuesten por la energía limpia y, de paso, aligeren su factura eléctrica. Así se matan dos pájaros de un tiro: ahorrar algo de dinero a las economías domésticas y luchar contra el cambio climático.

También hay que tener en cuenta todo el dinero que tienen invertido los bancos en proyectos de energías renovables. Según la Asociación Empresarial Fotovoltaica (AEF), los bancos tienen en riesgo en el sector unos 15.000 millones de euros. El ministro de Industria, Miguel Sebastián, trata de calmar a mercados y sector asegurando que las medidas no tendrán carácter retroactivo.