Impuesto sobre las bolsas de basura
Algunas regiones pretenden aplicar un impuesto para intentar reducir el uso de las bolsas de plástico. Dicho gravamen, será de unos 15 a 30 euros anuales que afectará directamente sobre los bolsillos de todas las personas, independientemente de la cantidad de bolsas que hubieran utilizado al cabo del año. Consideramos que esta es una medida equivocada porque no discrimina las conductas ambientalmente responsables que prescinden de las bolsas de plástico en sus hábitos de compra, llevando sus propias bolsas reutilizables o usando bolsas reciclables.

Por lo tanto, imponer este impuesto a todos los consumidores es una política falsamente igualitarista. Lo ideal sería promover la no utilización de estos plásticos y aplicar eficientemente la tasa sobre las propias bolsas, de forma que la pretensión del Plan Nacional Integrado de Residuos, consiga alcanzar el objetivo de la erradicación de las bolsas de plástico de un solo uso. Algo que en muchos casos ya es una realidad, cuestión de concienciación ciudadana.

Las cifras hablan por sí solas, anualmente se generan en España más de 100.000 toneladas de bolsas de plástico (más de 250 bolsas por habitante) y el sistema de recogida es altamente ineficiente: sólo logra que vayan a los contenedores amarillos el 10% de las bolsas de plástico. La materia prima de estas bolsas es bien sabido que es el petróleo y los impactos que generan cuando se convierten en residuo son fatales para el medio: acumulación en basureros porque tardan más de mil años en biodegradarse, muerte de animales cuando se las tragan, contaminación atmosférica cuando se queman, entre otras consecuencias negativas.

Lo cierto es que es muy sencillo renunciar al uso de estas bolsas empleando bolsas reutilizables, o en su defecto usando bolsas biodegradables. La fiscalidad ecológica tiene que trasladar los costes de la huella ecológica y el daño ambiental a todos los productos y servicios que deterioren el medio ambiente, pero nunca a los que hacen un uso responsable. Apostamos por el lema: “quien contamina, paga”, con el fin de modificar comportamientos son necesarios instrumentos económicos que bonifiquen conductas amigables con el medio ambiente y castiguen las acciones antiecológicas.