La ecología no tiene nacionalidad
Ya hemos explicado que la ecología no tiene color político. Pero hoy señalaremos que la ecología tampoco tiene nacionalidad. El medio ambiente nos afecta a todos y luchar contra desastres globales como el cambio climático nos compete a todos. Así, las energías limpias son beneficiosas para todos, para quienes las usan y para los que no, para los que están cerca de ellas y para los que están lejos.

Por eso es una doble injusticia que Israel quiera demoler una central fotovoltaica construida con ayuda económica de España y que suministra electricidad a familias palestinas. Es una injusticia, sobre todo, para esas familias. Pero también para el resto del mundo, que pierde una forma de producir electricidad sin emitir CO2.

Las placas solares fueron instaladas por la Agencia Española de Cooperación y costaron casi 300.000 euros. Proveen de energía eléctrica a cuarenta familias palestinas de Emnaizel, en Cisjordania, al sur de Hebrón. Fue construida en 2009 y proporcionan energía, además de a las casas de esas cuarenta familias, a una escuela y a un centro médico. Pese a todo, el Ejército israelí ha anunciado que la central será demolida dentro de una semana, junto a dos casas, por carecer de permiso de construcción. Una disputa territorial y nacionalista terrible por sí misma, pero que esta vez, además, daña al medio ambiente.

Emnaizel es, para Israel, Zona C, es decir, parte de los territorios ocupados en los que la Autoridad Palestina carece de autoridad. Los permisos de construcción deben ser emitidos por la Autoridad Civil, que es un organismo militar israelí que gestiona la ocupación. La estrategia de Israel en Hebrón es negar todas las opciones a la población rural palestina para obligarlas a que emigren a zonas urbanas y dejen a los colonos judíos el control de las tierras cultivables.

Sin la central eléctrica de placas solares, Emnaizel volverá a quedar sin electricidad, ya que estar en Zona C le impide conectarse a las redes eléctricas palestinas.

La ONG israelí Rabinos por los Derechos Humanos ha asumido la defensa legal de las familias de Emnaizel en el caso de la central eléctrica y ha pedido la suspensión del proceso de demolición.