La ley sobre certificación energética de edificios en España se hace esperar
La Unión Europea quiere edificios más sostenibles, más eficientes desde el punto de vista energético. Es una manera de ser más respetuosos con el medio ambiente y, sobre todo, la forma más sencilla y barata de luchar contra el cambio climático.

A pesar de la petición de la Comisión Europea, de la legislación en materia energética promovida por Europa, y de que es una forma de combatir la crisis y crear empleo, España desoye las recomendaciones y es muy ineficiente en materia energética. España pierde energía a través de anticuados edificios que no se reforman.

Hoy mismo, en Twitter, se ha lanzado el hashtag #etiquetaenergetica para reclamar la ley sobre certificación de edificios. Una directiva europea obliga a emitir un certificado de eficiencia energética para las viviendas existentes, ya sea para compraventa o para alquiler. La norma debería haberse adaptado a la legislación nacional en enero de 2013, pero aún no se ha promulgado. La medida busca un ahorro de hasta el 50% en el recibo de la luz para los ciudadanos.

Así que, la ineptitud el Gobierno de España, no sólo desprecia el medio ambiente y contribuye al cambio climático, sino que, además, supondrá una multa de la Comisión Europea. Mientras, un sector de actividad que podría generar empleo, algo muy necesario en el país, continúa esperando que se promulgue dicha ley.

Se pierde dinero y la oportunidad de crear empleo

La ley sobre certificación energética de edificios en España se hace esperar
Es algo sencillo que ya han desarrollado otros países: una calificación de cada vivienda dependiendo de su consumo energético, de modo similar a como se certifican los electrodomésticos. En concreto, en España, el potencial de ahorro sería de hasta un 70%.

El grado de eficiencia de los edificios se calificarán desde una nota A, la más eficiente, hasta la G en los inmuebles que más energía malgastan. En Portugal se implantó la medida en 2007. Desde entonces, se han analizado medio millón de viviendas, lo que ha supuesto un valor para la economía del país de 150 millones de euros.

Por otra parte, si se cobra una tasa por la certificación, sería un modo de que la Administración, especialmente las comunidades autónomas, ingresaran dinero para sus maltrechas arcas públicas. Si se toma como referencia Portugal, por una vivienda de 100 metros cuadrados, el coste es de 250 euros.

¿Quién gana con el despilfarro energético? Efectivamente, las de siempre, las grandes multinacionales de la energía.