Las aguas residuales en España no están bien depuradas
Una vez más, la Unión Europea ha tenido que dar un buen tirón de orejas a uno de sus países miembro, España, en materia de medio ambiente. Si Europa hace tiempo que perdió la paciencia respecto al nivel de contaminación de las grandes ciudades (especialmente, Madrid y Barcelona), ahora le ha tocado el turno a otro grave problema, el de las aguas residuales.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha condenado a España por no depurar las aguas residuales urbanas en 38 localidades, entre las que se encuentran algunas ciudades importantes como La Coruña, Vigo o Santiago, en Galicia, o Gijón, en Asturias. Esta irresponsable y mala gestión de un recurso básico como es el agua supone una infracción de la normativa medioambiental comunitaria.

La sentencia da la razón a la Comisión Europea, que llevó a España ante el Tribunal de Justicia de la UE por incumplir la directiva que obliga a implantar sistemas adecuados de recogida y depuración de aguas residuales en las zonas urbanas de más de quince mil habitantes. El plazo para implantar sistemas adecuados acabó el 31 de diciembre de 2000. No implantar este tipo de sistemas, según ha avisado la Comisión Europea, puede constituir un peligro para la salud pública, además de ser la fuente más significativa de contaminación en aguas costeras e interiores.

Así, el Tribunal de Luxemburgo concluye que España ha incumplido la obligación de garantizar la recogida de las aguas residuales urbanas de las localidades de Valle de Güimar, Noreste (Valle Guerra), Valle de la Orotava, Arenys de Mar, Alcossebre y Cariño. Además, tampoco ha construido las depuradoras necesarias para el tratamiento de las aguas residuales en Arroyo de la Miel, Arroyo de la Víbora, Estepona (San Pedro de Alcántara), Alhaurín el Grande, Coín, Barbate, Chipiona, Isla Cristina, Matalascañas, Nerja, Tarifa, Torrox Costa, Vejer de la Frontera, Gijón-Este, Llanes, Valle de Güimar, Noreste (Valle Guerra), Los Llanos de Aridane, Arenys de Mar, Pineda de Mar, Ceuta, Alcossebre, Benicarló, Elx (Arenales), Peñíscola, Teulada Moraira (Rada Moraira), Vinarós, A Coruña, Cariño, Tui, Vigo, Aguiño-Carreira-Ribeira, Baiona, Noia, Santiago, Viveiro e Irún (Hondarribia).

Si las autoridades españolas no hacen algo al respecto, el Ejecutivo comunitario podrá denunciar de nuevo el caso ante el Tribunal europeo y pedir la imposición de fuertes multas. Los ciudadanos no se merecen ni pagar esa multas ni mucho menos que su salud corra peligro.