Los políticos no siempre se salen con la suya
Se ha hecho justicia. Se han tardado algunos años, pero por fin ha llegado. El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación interpuesto por la Comunidad de Madrid contra la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que declaraba ilegal el desdoblamiento de la carretera M-501 que aprobó en su día el Gobierno de la Comunidad de Madrid presidido por Esperanza Aguirre.

La desfachatez de esta señora (de la que ya ha hecho gala en más de una ocasión) llegó hasta el punto de retomar un proyecto que su predecesor en el cargo y compañero de partido, Alberto Ruiz Gallardón, había paralizado a causa de la emisión de una declaración de impacto al medio ambiente negativa por parte de la Consejería de Medio Ambiente y de un informe, también contrario, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Sin embargo, Esperanza Aguirre, que se cree más lista que nadie, volvió a poner en marcha el proyecto.

Las obras en la carretera M-501 afectan a un espacio incluido en la Red Natura 2000, concretamente la Zona de Especial protección para las Aves, denominada Encinares de los ríos Cofio y Alberche, y el Lugar de Interés Comunitario de las Cuencas de los ríos Alberche y Cofio. Pero al Gobierno de Esperanza Aguirre todo eso le traía sin cuidado. Así que tuvo que inventarse una buena excusa para poder poner en marcha las obras.

La excusa fue la peligrosidad de la carretera, diciendo que tenía elevada siniestralidad. Una mala excusa, por lo demás. Los datos de la propia Consejería de Transportes clasificaban la carretera M-501 como de baja peligrosidad. Así que, si ésa no era la razón para desviar la carretera, la señora Esperanza Aguirre debería explicar cuál era la verdadera razón que le llevó a destrozar un paraje natural protegido, además de saltarse a la torera la declaración de impacto ambiental.

En Ecologistas en Acción, la asociación que ha estado luchando varios años por que se haga justicia, para que se respete el medio ambiente y para que el Gobierno de la Comunidad de Madrid respete la legalidad y el estado de derecho, está, lógicamente, muy satisfechos con la sentencia. Una sentencia que, además, es firme y no recurrible. Ecologistas en Acción iniciará el estudio de apertura de procedimiento penal contra Esperanza Aguirre y los consejeros de Transporte que autorizaron las obras, Francisco Granados, María Dolores de Cospedal y Elvira Rodríguez, ya que en todo momento supieron que lo que estaban haciendo era contrario a la legalidad, además de que manipularon las cifras de siniestralidad de la carretera y paralizaron el proyecto de mejora de la carretera sin necesidad de desdoblar que, en 2004, ya estaba en fase de expropiaciones.