Esto sí que es nuevo. Uno no sabe si alegrarse o temer lo peor. Una política que reconoce un problema. Ya sólo falta que intente solucionarlo de una manera efectiva. Pero el primer paso ya está dado. Hablamos de la concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid, Ana Botella, quien ha reconocido que la capital de España tiene un grave problema con la contaminación que causa el tráfico.

En concreto, la concejal Ana Botella ha afirmado que el tráfico de la ciudad debería reducirse hasta la mitad para cumplir con la normativa europea. Y, como eso “no es posible”, según sus propias palabras, el Ayuntamiento va a pedir más tiempo a la Unión Europea para tomar las medidas pertinentes.

La noticia, pues, no son los altos niveles de contaminación que tienen que soportar los madrileños, algo que ocurre desde hace años, y eso a pesar de que se trasladaron las estaciones de medición lejos del centro de la ciudad, a zonas menos contaminadas, no, la noticia es que, después de años de negación sistemática por parte del Ayuntamiento, por fin se ha reconocido el problema. ¿Para tratar de solucionarlo? No. Para pedir una moratoria a la Unión Europea. A veces se pregunta uno por qué tiene que pagar el sueldo a personas que se cruzan de brazos en vez de resolver los problemas que afectan a los ciudadanos.

En otras capitales europeas se han tomado medidas como limitar el tráfico en el centro de la ciudad, instalando peajes de entrada o impulsar el transporte público y el transporte en bicicleta. Pero en Madrid no se puede. ¿Por qué? Eso no lo ha desvelado la concejal. Secreto de Estado. Otros partidos políticos, como el recientemente creado Equo, proponen algunas medidas, como reducir los carriles de vehículos y los aparcamientos para coches para otorgar más espacio a peatones, autobuses y bicicletas; así como reducir la flota de vehículos oficiales.

Si el Ayuntamiento continúa con sus planes, Madrid se convertirá en la primera ciudad española que pide una prórroga para cumplir con la legislación europea. Los datos son realmente preocupantes: sólo 6 (precisamente los situados en grandes parques urbanos y zonas suburbanas) de las 24 estaciones de medición marcaron niveles de dióxido de nitrógeno por debajo del valor límite para la protección de la salud humana. Tal vez la Unión Europea pueda esperar, pero, ¿y la salud de los madrileños? ¿Puede esperar? ¿Pueden conceder la moratoria que pide Botella los pulmones de los ciudadanos?