Resultado de políticas responsables
Dinamarca ha sido el primer país europeo en obligar a las empresas por ley a desarrollar una política de Responsabilidad Social Corporativa (RSC). No es una sorpresa que sea precisamente este país el pionero en tomar una decisión de este tipo. La medida se puso en marcha a principios de 2010 y es ahora cuando el Gobierno danés ha presentado los resultados de la misma.

El informe de resultados, que lleva el larguísimo título de “Corporate Social Responsibility and Reporting in Denmark Impact of the legal requirement for reporting on CSR in the Danish Financial Statements Act”, recoge por primera vez la evaluación acerca de la nueva legislación. En general, afirma que los efectos de la ley han sido sin duda beneficiosos.

Importantes instituciones internacionales, como la ONU, abogan por la obligatoriedad de elaborar informes sobre RSC por parte de las empresas. Pero, en la política práctica, pocos países presionan a las empresas con una ley de obligado cumplimiento. Sí lo hace el Gobierno danés, que obliga a las empresas del país a presentar informes y memorias sobre la política de RSC que llevan a cabo, lo que incluye informar de sus inversiones socialmente responsables, de la forma en que esas políticas se llevan a cabo y de los resultados obtenidos, así como de las expectativas futuras con respecto a la RSC y de su inversión en este apartado.

Así pues, después de un año de puesta en práctica de la ley, el Gobierno danés se muestra bastante contento con los resultados. Según el citado informe, el 43% de las empresas informó sobre RSC por primera vez obligados por la ley. El porcentaje de empresas que cumplieron con la ley fue de un 97%. De todas las empresas danesas que cumplen la nueva legislación, un 91% elabora y presenta informes sobre sus políticas y acciones, pero sólo el 37% comparte sus logros y resultados en las políticas de RSC.

Lo mejor de todo es que otros países han tomado nota de la medida. El Gobierno alemán ha anunciado que va a sacar una ley similar que obligue a las empresas a cumplir con un desarrollo sostenible. Ojalá cunda el ejemplo en el resto de países de la Unión Europea. A veces, hay que dar un empujoncito legislativo a las empresas para que se comprometan con las buenas prácticas medioambientales y defiendan un modelo de negocio sostenible.