Se necesita una legislación más dura contra los que usan venenos
Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Cataluña son las únicas comunidades autónomas de España que están aplicando medidas legales contra el uso de cebos envenenados. Así lo ha denunciado la organización WWF, tras confirmar recientemente la Audiencia Provincial de Madrid la condena por uso de cebos envenenados en la Finca de El Chiriví en la provincia de Ciudad Real.

WWF ha señalado que, desde 2004, ha habido cerca de cincuenta condenas penales en España, todas ellas en alguna de las comunidades citadas. Así, Aragón, Asturias, Navarra o Madrid no han dictado ninguna sanción administrativa, mientras que en las primeras se están aplicando medidas legales con cierta regularidad. En todo caso, también señalan que la eficacia es muy desigual según la provincia.

La organización ambientalista ha destacado la provincia de Lérida que ha dictado nueve sentencias condenatorias por veneno, además de condenar a catorce personas y cerrar diez cotos de caza por este motivo, gracias al eficaz trabajo de un grupo especializado en investigación en furtivismo y venenos del cuerpo de agentes rurales provinciales.

El número de sentencias va aumentando cada año, gracias al impulso que ha supuesto la reciente creación de las fiscalías de Medio Ambiente, aunque, para WWF, sigue siendo insuficiente para acabar con esta práctica ilegal.

Por tanto, aunque se está mejorando en este asunto, es necesaria más eficacia en la persecución legal de estas conductas, sobre todo a través de la vía administrativa, más ágil y operativa que la vía penal. Algunos casos podrían acabar con una sanción administrativa, si existiera voluntad para ello.

En Andalucía, se han producido algunas resoluciones “ejemplarizantes” en Almería, Cádiz, Málaga o Granada. En Aragón, en cambio, no existen sanciones administrativas a pesar de haber casos de veneno en los últimos años, al igual que en Asturias, donde el uso del veneno se usa por parte de los ganaderos contra el lobo. En Canarias tampoco hay sanciones administrativas, pese a que, según WWF, el uso ilegal de cebos envenenados por parte de cazadores y agricultores es frecuente.