Tráfico ilegal de carne de ballena en Japón
Hace años que algunas organizaciones ecologistas, entre otras, Greenpeace, acusan al Gobierno japonés de corrupción en cuanto a la comercialización de carne de ballena. Dos años y medio después de las acusaciones, la Agencia de Pesca ha admitido que cinco de sus funcionarios habían recibido y comercializado carne de ballena de manera clandestina, violando los procedimientos establecidos por el programa de caza de cetáceos.

Los funcionarios japoneses reconocieron que recibieron la carne de ballena violando el código de ética del programa nacional de funcionarios del servicio público. Dichos funcionarios han sido sometidos a un castigo disciplinario.

Tras la noticia, Junichi Sato, director ejecutivo de Greenpeace Japón, señaló que la decisión del Gobierno de aplicar sanciones disciplinarias a sus funcionarios es un avance, pero advirtió que la corrupción en el programa de caza de ballenas está generalizada e institucionalizada. Con estas sanciones no se resuelve el problema.

El propio Sato y Toru Suzuki, otro activista de Greenpeace, fueron detenidos y acusados en 2008 de haber robado carne de ballena para presentarla como evidencia del tráfico existente en el programa de caza que realiza Japón. Sin embargo, la evidencia se obtuvo por medio de informadores que confirmaron la existencia de esta red de venta ilegal.

Greenpeace ha logrado frenar la demanda de la carne de ballena en el mercado japonés llegando a acuerdos con los supermercados y con los minoristas japoneses. Esto ha repercutido económicamente sobre el programa de caza de ballenas, pero este reconocimiento de la corrupción puede ser el golpe definitivo a la credibilidad del proyecto. Greenpeace pide a los contribuyentes japoneses que exijan a su Gobierno que detenga la financiación para la caza de cetáceos.

El hecho de que la Agencia de Pesca admita y se disculpe por la corrupción en el escándalo por el tráfico de carne de ballena debería influir en el juicio contra Junichi y Toru, quienes aún se encuentran a la espera de la citación para la audiencia del Tribunal Superior que debe pronunciarse sobre el caso. De momento, se mantiene el cargo por robo.