La Ley de Costas española favorece la corrupción entre políticos locales y el sector de la construcción
La recientemente promulgada Ley de Costas de España ha sido muy criticada por grupos ecologistas y otros colectivos, ya que temen una vuelta al ladrillazo, a un sistema insostenible, que perjudica el medio ambiente, daña los ecosistemas y destroza el paisaje del litoral español con edificios totalmente innecesarios.

Seguro que muchos piensan que los ecologistas siempre están en contra del progreso económico y que exageran las críticas. Pero que la propia Comisión Europea haya avisado de que “vigilará muy de cerca” el desarrollo de la Ley de Costas de España es una prueba de que dicha ley es una chapuza y que no va a generar ningún beneficio.

La Comisión Europea ha hecho públicas estas declaraciones después de las numerosas quejas de ciudadanos españoles y europeos. Por desgracia, no tiene competencias para intervenir en el caso de que se denuncien expropiaciones.

Según el funcionario de Justicia de la Comisión Europea, Vincent Depaigne, van a seguir atentamente todo lo que vaya sucediendo en la legislación española, aunque no tengan competencias específicas de acuerdo con el derecho europeo. Muchos ciudadanos se oponen a la Ley de Costas, ya aprobada. Europa ha prometido examinar atentamente la evolución del marco jurídico de aplicación de la norma.

Informe de los eurodiputados

La Ley de Costas española favorece la corrupción entre políticos locales y el sector de la construcción
Mientras, se está elaborando un informe por parte de los eurodiputados que visitaron España en marzo, que será votado en septiembre. El proyecto de dicho informe cuestiona que la Ley de Costas del Gobierno de Rajoy vaya a reforzar la protección del entorno costero. Por otra parte, muestran su preocupación en cuanto a los derechos de propiedad y adquisición para cumplir los estándares europeos comunes.

El texto también critica el poder legal que se ha dado durante años a las autoridades locales, lo que provocó que muchos ayuntamientos locales permitieran programas de construcción masivos y sin una supervisión adecuada. Dicho en palabras más claras: la ley permite que los políticos locales se llenen el bolsillo mientras los constructores destrozan el litoral. La Ley de Costas favorece, por tanto, la corrupción y connivencia entre las autoridades políticas y la industria de la construcción.

Por último, el proyecto de informe teme que la nueva Ley de Costas española incumpla directivas comunitarias sobre Hábitats, Aves Salvajes, la directiva marco de Agua, la de calidad de agua de baño, la directiva sobre gestión de residuos de agua urbanos, la directiva sobre la evaluación de impacto medioambiental y otras normas medioambientales.