Los responsables del vertido del Probo Koala aún no han pagado su delito
La empresa multinacional Trafigura vertió residuos tóxicos en Abiyán, Costa de Marfil, en 2006. Más de 100.000 personas tuvieron que solicitar asistencia médica. Las organizaciones Amnistía Internacional y Greenpeace han hecho público un informe, resultado de tres años de investigación, en el que se examina en profundidad los errores que provocaron aquella catástrofe sanitaria, política y medioambiental.

En el estudio se describe con detalle el incumplimiento de la legislación vigente destinada a evitar lo ocurrido, ya que varios Gobiernos no impidieron el avance del carguero Probo Koala y su tóxico cargamento hacia Abiyán. El informe cuestiona también la legalidad de un acuerdo alcanzado en Costa de Marfil por el que Trafigura evitó ser procesada por su responsabilidad en el vertido de los residuos tóxicos.

Por otra parte, en el informe se cuentan las terribles consecuencias del vertido a partir de entrevistas realizadas a las víctimas y a los médicos que las atendieron. Han pasado seis años desde que se permitió que tuviera lugar la horrible tragedia, según comenta Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional, y ya es hora de que se obligue a Trafigura a responder ante los tribunales por lo sucedido.

The Toxic Truth es el resultado de tres años de investigación. Las dos organizaciones acusan a Trafigura de delito empresarial, de abuso contra los derechos humanos, y, a los Gobiernos, de no tomar medidas para proteger a la población y el medio ambiente. Es fracaso de los sistemas de aplicación del derecho internacional a la hora de vigilar a las empresas que realizan operaciones transnacionales. No es tarde para que se haga justicia, para que la población de Abiyán reciba información completa sobre el vertido y para que Trafigura pague por sus crímenes.

Los residuos se llevaron inicialmente a Países Bajos, pero Trafigura descartó la posibilidad de que fueran procesados correctamente allí porque el precio le pareció demasiado alto. Así, las autoridades holandesas permitieron que salieran de su territorio, lo que supone una grave violación de las obligaciones jurídicas de los Países Bajos.

El informe, más allá del caso concreto que analiza y denuncia, ofrece recomendaciones a la comunidad internacional para impedir que se repita una tragedia similar. Incluye directrices claras para conseguir que las empresas que realizan operaciones transnacionales no puedan eludir la plena rendición de cuentas por los abusos contra los derechos humanos y contra el medio ambiente.

El Convenio de Basilea, que regula la circulación transfronteriza de sustancias peligrosas y su eliminación, define como peligrosos los residuos vertidos en Abiyán y establece que su exportación sin permiso es delictiva.