Una política verde es posible
Hay alternativas al sistema económico actual. Y hay alternativas a la política sobre medio ambiente. El partido Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) ha presentado en el Congreso español, junto con varias organizaciones ecologistas, un texto alternativo a la reforma energética planteada por el Gobierno. Entre las ideas que recoge el texto, se encuentran nuevos impuestos sobre la energía nuclear o el uso de las bolsas de plástico de un solo uso.

WWF/España, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife, Amigos de la Tierra y CC.OO. han acompañado a Izquierda Plural en las críticas al texto planteado por el Ejecutivo. Según su opinión, es “confuso, demagogo e incoherente”. Promete una sostenibilidad energética que no se desarrolla en el proyecto de ley. Además, se perpetúa un modelo energético injusto (y esto lo dice incluso la Comisión Europea). Por último, España no tiene en cuenta el cambio climático.

El texto del Gobierno castiga una vez más a las energías renovables. Lo que hay que hacer es precisamente impulsar este tipo de energías limpias y castigar a las contaminantes y a las que suponen riesgos, como la nuclear. En este sentido, el grupo político arropado por los ecologistas plantea un impuesto a las nucleares para cuya recaudación se destinaría, parcialmente, a un fondo estatal para la reactivación de las zonas donde se ubican las centrales nucleares.

En general, la idea es realizar cambios en el actual marco normativo fiscal introduciendo criterios ambientales en los impuestos que ya existen, además de crear nuevas tasas impositivas.

Sugieren, así mismo, eliminar la exención que hasta ahora tenía el impuesto de hidrocarburos en vuelos domésticos y aumentar las tarifas de fuelóleo. En el impuesto de matriculación, se debería reforzar el tipo impositivo en función de los niveles de emisión de dióxido de carbono (CO2) de cada vehículo: que los coches que más contaminan sean los que más impuestos paguen. En cambio, se debería deducir en el IRPF la adquisición de abonos de transporte público.

La alternativa a la reforma energética del Gobierno propone un impuesto sobre el vertido y la incineración de residuos, cuyos ingresos se cederían a las comunidades autónomas y del que se excepcionarían aquellas comunidades que ya lo tienen establecido. En España, el 57% de los residuos se incineran, frente al 33% que se destina al reciclaje y compostaje. Una forma de desincentivar la incineración, perjudicial para el medio ambiente, sería a través de la imposición de un nuevo gravamen.

Bolsas de plástico y uso del suelo

En cuanto a las bolsas de plástico de un solo uso, plantean un nuevo tipo impositivo similar al establecido en Irlanda, de modo que el que contamina paga. La recaudación no sería privada, como se emprende en algunos establecimientos, sino pública, con lo que se podría invertir en proyectos medioambientales.

Otra idea es un impuesto sobre el cambio del uso del suelo para evitar el crecimiento urbanístico fuera de los cascos urbanos. La recaudación se destinaría al Fondo para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, creado por Ley en 2007. También se prevé una tasa sobre sustancias de elevado nivel de preocupación, como las carcinógenas, mutágenas o tóxicas para la reproducción, entre otras.

Los tipos del IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles) se deberían modular en función del certificado energético del edificio. Además, la segunda residencia tendría un recargo. También contemplan un impuesto sobre la pernocta, que gravaría la estancia en alojamientos turísticos, que se podría aplicar voluntariamente por parte de los ayuntamientos.

Por último, la diputada de ICV Laia Ortiz ha criticado a Montoro por el uso demagógico del llamado “céntimo verde”. Discrepa de las afirmaciones del Gobierno de que, por instaurar en algunas comunidades ese tipo impositivo, ya se está emprendiendo una fiscalidad verde. Una política que trate de cuidar el medio ambiente debe ir acompañada de más iniciativas. Sólo con el céntimo verde no se transforma el modelo de una economía insostenible.